Reforma electoral en Honduras 2026

Las elecciones generales de noviembre de 2025 todavía están frescas en la memoria: fallas en el sistema de conteo, resultados que tardaron 24 días en anunciarse. En ese momento, el candidato que quedó en segundo lugar perdió por menos de un punto porcentual, y el país estuvo al borde de una crisis electoral.

Hoy, el Congreso discute una serie de reformas electorales. La pregunta central es una sola: ¿estas reformas son "de verdad" o son otro espectáculo político?

Reforma electoral en Honduras 2026

¿Podrá el Congreso reunir los 86 votos?

¿Qué se pretende reformar?

Actualmente, sobre la mesa del Congreso hay una propuesta que contiene alrededor de 20 modificaciones legales. Los puntos principales se concentran en las siguientes direcciones:

Primero, el mecanismo de rendición de cuentas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El problema pasado fue muy concreto: algunos consejeros faltaban a las sesiones plenarias sin justificación, lo que paralizaba las decisiones electorales. La propuesta de reforma plantea que los consejeros que falten sin causa justificada enfrenten responsabilidad civil, administrativa e incluso penal, y que ello pueda ser motivo de destitución inmediata. Asimismo, podrían ajustarse el quórum y la forma de votación del pleno —pasando de la «unanimidad» a la «mayoría simple»— para que las decisiones no queden bloqueadas por individuos.

Segundo, la «ciudadanización» de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Esta es la reforma más controvertida. Actualmente, las juntas receptoras de votos están integradas por militantes activos de los partidos, lo que equivale a «dejar que los jugadores sean al mismo tiempo árbitros». La propuesta sostiene incorporar ciudadanos sin afiliación partidaria en las juntas, y que los representantes de los partidos pasen a un rol de «veedores».
Un diputado lo dijo sin rodeos: «No se puede permitir que los partidos sean al mismo tiempo juez y parte». Pero esto también toca el interés central de los partidos: quien controla las juntas receptoras controla, en gran medida, el proceso de conteo.

Tercero, la mejora del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El retraso en el conteo de 2025 expuso la fragilidad del sistema técnico. Las líneas de reforma incluyen: establecer auditorías técnicas obligatorias, realizar pruebas piloto y simulacros, y elaborar protocolos de ciberseguridad y contingencia. El objetivo es que los resultados de las próximas elecciones salgan el mismo día, y no se arrastren durante semanas.

¿Por qué se dice que «los 86 votos» son la clave?

Esta es la cifra más importante en todo el debate de la reforma.
Según la ley hondureña, algunas reformas electorales requieren 86 votos (es decir, dos tercios de los 128 escaños del Congreso) para ser aprobadas. Esos 86 votos implican que necesariamente debe alcanzarse un consenso que cruce las fronteras partidarias.
Y el punto de mayor controversia es la segunda vuelta electoral (balotaje).
Fuerzas de oposición como el Partido Liberal exigen con fuerza introducir la segunda vuelta, con el argumento de que en las elecciones de 2025 el ganador obtuvo solo el 40.27% y el segundo lugar el 39.53%, una diferencia de menos de un punto porcentual. Casi el 60% de los votantes no votó por el ganador, por lo que la «legitimidad» de ese presidente queda en entredicho.
Pero el gobernante Partido Nacional se opone claramente. La posición del presidente del Consejo Nacional Electoral, Antonio Rivera Callejas, es muy directa: «Si hay 86 votos, hay segunda vuelta; si no hay 86 votos, no hay segunda vuelta.«
Su argumento es técnico: Honduras en la práctica solo tiene tres partidos competitivos; una segunda vuelta solo eliminaría a uno de ellos, y luego «el eliminado se convierte en el que decide, haciendo tratos políticos con el otro».
Y el obstáculo de fondo es aún mayor: introducir la segunda vuelta podría requerir reformar la Constitución, y una reforma constitucional exige 86 votos y su aprobación en dos legislaturas, un umbral todavía más alto.

El verdadero dilema de la reforma

El problema de la reforma electoral hondureña no es «no saber qué cambiar», sino «saberlo y no poder cambiarlo«.
Desde 2009, organismos internacionales han recomendado repetidamente a Honduras llevar a cabo una reforma electoral, y la recomendación central siempre ha sido la misma: no permitir que los partidos administren al mismo tiempo el sistema electoral. Pero más de una década después, la mayoría de esas recomendaciones se han quedado en el papel.
Un informe de análisis del CESPAD señala la causa de fondo: la crisis electoral no es un «hecho aislado», sino una «manifestación recurrente de una crisis institucional política«: cuando faltan reglas claras y ejecutables, las elecciones pasan de ser un «mecanismo de competencia democrática» a un «escenario de gestión de crisis».

Conclusión

El debate sobre la reforma electoral de 2026 es, en esencia, una prueba: pone a prueba si la clase política hondureña está dispuesta a elegir entre sus propios intereses y la solidez institucional.
La «ciudadanización de las juntas receptoras» toca la capacidad de movilización de base de los partidos; el «umbral de los 86 votos» pone a prueba la voluntad de cooperación entre partidos; y la «segunda vuelta» se relaciona directamente con las reglas de distribución del poder. Detrás de cada reforma hay un cálculo de intereses.
Para el lector común, la señal que vale la pena seguir es muy simple: cuántos votos logra reunir finalmente el Congreso. Si ni siquiera se alcanzan los 86 votos, eso significa que la reforma sigue siendo solo palabras.


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